El Gobierno advierte al Congreso con un conflicto en el TC por tramitar la iniciativa del PSOE contr


El envío de la solicitud fue acordado el pasado viernes por el Consejo de Ministros al entender que las citadas iniciativas violentan lacompetencia exclusiva que tiene el Gobierno en materia de iniciativa legislativa presupuestaria y de defensa de los presupuestos en vigor. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, anunció que la decisión está en el derecho que tiene el Gobierno, "recogido en la Constitución", a oponerse a toda proposición de leyque suponga un aumento del gasto o una disminución de ingresos tributarios. Según ha dicho, en el caso de la Ley de Educación, "su paralización tiene un impacto de 600millones de euros de fondos europeos".


Conflicto de atribución de competencias en el TC


Según informó el viernes Moncloa, en ambos casos, el Gobierno, usando una facultad constitucional y reglamentaria, previstas en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, expresó su disconformidad con la tramitación de proposiciones de Ley, por razones estrictamente presupuestarias, al suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos. El Ejecutivo argumentaademás que, en estos momentos, el Tribunal Constitucional estudia ya un conflicto de atribución de competencias entre los dos poderes del Estado, interpuesto en ese caso por el Congreso de los Diputados, relativo al control parlamentario ordinario a un Gobierno en funciones.


El ministro de Educación justificó que cuando la Mesa rechazó -en una votación- el veto del Gobierno, "no apreció correctamente ese derecho constitucional", pero el Ejecutivo está convencido de que los dictámenes jurídicos avalan su posición. Ahora, añadió el portavoz del Gobierno, se abre un plazo para que la mesa reconsidere o no su decisión.


Cabe destacar que la toma en consideración de la iniciativa del PSOE para paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE se debatió y aprobó el pasado martes en el pleno del Congreso, y ha supuesto la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo del PP en minoría en esta legislatura.


Trabajadores subcontratados


El segundo requerimiento pide la revocación del acuerdo de la Mesa relativo a la tramitación de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 42.1del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, remitido también, como en caso de la LOMCE, el 14 de octubre. En este caso, según el Gobierno, el criterio se acompañó de un informe en el que el Ministerio de Hacienda justificaba el aumento de gastos en las empresas del sector público estatal en el presupuesto en vigor como consecuencia del incremento del gasto total en sueldos y salarios que causaría la aprobación de la mencionada proposición de ley.


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