El TJUE reduce a 15 meses la duración de sus procedimientos


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha logrado resolver un 14% más de asuntos y ha rebajado la duración global de todos los procedimientos hasta los 14,7 meses.


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha convertido en una de las jurisdicciones más activas e importantes del continente. Resoluciones como la retroactividad de las cláusulas suelo, la ilegalidad del canon digital, las indemnizaciones de los interinos o la ley hipotecaria española provienen de alguna de sus salas y han tenido una influencia directa en los fallos de los juzgados nacionales y en la propia legislación española.


Su potestad para interpretar y aplicar el Derecho de la UE ha provocado que la labor de la corte europea no cese de crecer. Aun así, el TJUE consiguió unos resultados estadísticos especialmente positivos en 2016. Según sus cifras judiciales, este organismo logró sentenciar 704 asuntos en el pasado ejercicio, lo que representa un 14% más que en 2015, resolviendo así más casos de los que recibió (692).


También es importante destacar que 470 de los asuntos que llegaron a esta jurisdicción estaban relacionados con peticiones de decisión prejudicial procedentes de jueces nacionales, lo que, según explican desde el tribunal, es una cifra récord en la historia de la institución y demuestra la confianza en el TJUEen lo que se refiere a la interpretación del Derecho europeo.


Justamente, y sin alejarse de las cuestiones prejudiciales, resulta interesante recalcar que España ha sido el cuarto país europeo en la presentación de este tipo de dudas jurídicas ante el TJUE, sólo por detrás de estados como Alemania, Italia y Países Bajos, lo que convierte a nuestro país en uno de los miembros de la UE más litigiosos ante la corte de Luxemburgo.


Otro dato destacado de las estadísticas recogidas es que el tribunal logró rebajar el tiempo de respuesta global del conjunto de los procedimientos hasta los 14,7 meses. De manera más específica, la duración media de las cuestiones prejudiciales en 2016 fue de 15 meses, lo que, según apuntan desde el TJUE, constituye el margen temporal más bajo registrado desde hace más de treinta años. En lo que se refiere al resto de recursos, los de casación, el dato fue de 12,9 meses, siendo éste la menor duración alcanzada desde la creación de esta institución.


Doble tendencia


Estas estadísticas judiciales también recogen los resultados logrados por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). En este caso, las cifras muestran una doble tendencia en este órgano: por un lado, el incremento del número de asuntos interpuestos, así como de los pendientes, y, por otro, la reducción de la duración de la instancia.


La cifra de causas interpuestas se incrementó en un 17%, pasando de 831 asuntos en 2015 a 974 el pasado año. Según apuntan desde la corte europea, esta evolución tan importante se debe, en gran medida, al traspaso de la competencia para poder hacerse cargo en primera instancia de los litigios en materia de la función pública de la UE, que representan por sí solos 163 asuntos. Justamente, por el otro lado, también se incrementaron los casos pendientes -en proporciones similares- pasando de 1.267 en 2015 a 1.486, en 2016.


Esta evolución al alza, sin embargo, no tiene nada que ver con su rendimiento y productividad jurisdiccional. De hecho, el número de asuntos resueltos se encuentra entre los tres mejores desde la creación del TGUE, con 755 causas solucionadas. Lo mismo sucede con la duración de los procedimientos que sigue la dinámica iniciada en 2013, con una media global de 18,7 meses, es decir, una reducción de 1,9 meses en relación a 2015 y de 8,2 meses respecto al citado año 2013.


Tipo de temas


Por último, la evolución de los casos contenciosos estuvo marcada por los temas relacionados con la propiedad intelectual (11%); el traspaso de la competencia para tratar los asuntos de la función pública de la UE (17%); los asuntos relacionados con las ayudas de Estado; y la aparición de una nueva fuente de contenciosos respecto a la aplicación de las normas de supervisión prudencial de las entidades de crédito.

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