Las sanciones más curiosas generadas por la 'ley mordaza'


La Ley de Seguridad Ciudadana ha originado más de 30 multas diarias desde que entró en vigor en 2015. Algunas han sido anuladas por los tribunales y otras desestimadas por el Ministerio del Interior.


El pleno del Congreso de los Diputados aprobó, a finales de marzo, iniciar la tramitación de las proposiciones de ley de PNV y PSOE para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana (LSC), más conocida como ley mordaza. Esta norma, que generó una gran polémica desde su aprobación en julio de 2015 y contra la que se ha presentado una querella en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha originado una media de 30 sanciones diarias por faltas de respeto a los agentes de la ley. Sin embargo, algunos casos también han llegado hasta los tribunales, dando lugar a sentencias absolutorias.


La mayor parte de las multas amparadas por esta norma se han centrado en las actuaciones de los usuarios en las redes sociales. Quizá el caso más llamativo es el de la propuesta de sanción que ha presentado la Policía Nacional contra un usuario de Facebook que colgó un vídeo - que logró superar las 15.000 reproducciones- en el que éste se burlaba de un agente que perseguía a un hombre al que no conseguía atrapar. El expediente apuntaba que las mofas emitidas podían considerarse una infracción leve, según el artículo 37.4 de la LSC, penado con entre 100 y 600 euros.


Sin embargo, la propuesta de sanción también se centraba en el artículo 36.23 de la misma norma, que especifica que "está prohibido el uso no autorizado de imágenes y datos personales o profesionales de autoridades de las fuerzas de seguridad". En este caso, la falta es considerada grave y la sanción aplicada puede ascender a los 30.000 euros.


Desobediencia


Lejos de las redes sociales, también se han impuesto multas por supuestas actuaciones inadecuadas frente a las fuerzas de seguridad. Entre los ejemplos más sorprendentes está el de una periodista de Catalunya Ràdio que ha sido sancionada con 601 euros por "desobediencia a los agentes de la autoridad" cuando cubría la declaración del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol en la Audiencia Nacional.


Según explicó la Delegación del Gobierno en Madrid, la profesional "hizo caso omiso en reiteradas ocasiones para que permaneciera en la zona habilitada para los medios de comunicación" y se saltó la zona acotada para acercarse al exdirigente. Para este organismo, la actuación de la periodista representaba una "infracción grave de desobediencia a la autoridad".


Con ese mismo importe, 601 euros, fue multado un ciudadano en el aeropuerto barcelonés de El Prat cuando atravesaba el control de pasaportes por dirigirse en catalán al agente. Según explicó este viajero, le indicaron que la utilización de esta lengua era "una falta de respeto" y un ejemplo de "poca estima" a España. A pesar de la advertencia, el ciudadano siguió utilizando el catalán y le volvieron a indicar que se dirigiera a ellos en castellano.


Posteriormente, en la notificación que recibió informándole de la sanción impuesta, se explicaba que había cometido una infracción de tipo grave porque hizo "caso omiso de las órdenes dadas por los agentes actuantes y, de este modo, dificultó su labor policial y retrasó el flujo normal de pasajeros".


Pero no todo son multas. Algunas de estas sanciones han llegado hasta los tribunales o han sido anuladas. En enero, por ejemplo, el juzgado de lo contencioso-adminstrativo número 4 de Valencia anuló una multa de 301 euros que la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana impuso a un sindicalista por haber organizado una manifestación, justamente, contra la ley mordaza.


Anulada


Aunque el fallo consideraba acreditada su participación en la marcha, ya que unas fotografías le mostraban portando la pancarta de cabecera, la sentencia apuntaba que no se podía avalar la tesis original, pues en el expediente no se explicaba cómo organizó o dirigió la manifestación.


En otro caso, que tenía como protagonista a un fotógrafo de prensa que publicó en Twitter unas imágenes realizadas durante una operación policial y que fue multado con 601 euros, ha sido el propio Ministerio del Interior el que ha decidido anular la sanción argumentando defectos de forma en el expediente. Esta revocación llegó una semana antes de que el recurso interpuesto llegase a juicio.

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